Ciudad de México. - A 70 años del derecho del voto de la mujer en México, la Constitución se hace cargo de señalar que una democracia sin mujeres no tiene cabida en el país y lograr esa democracia implica atender las brechas estructurales que existen para que ellas puedan ejercer cargos de representación popular, afirmó la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis. 

Al participar en el evento Los derechos de las mujeres: más allá del sufragio en su septuagésimo aniversario, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la magistrada Janine Otálora sostuvo que la Carta Magna también se hace cargo de que ser mujer no es algo que se vive en el vacío, sino que se entrelaza con las discapacidades, raza, etnia, preferencias y orientaciones sexuales, la situación migratoria y socioeconómica, entre otros factores.  

En ese sentido, enfatizó que la paridad política o electoral es un mecanismo para fortalecer y garantizar sus derechos y lograr redistribuir el poder de manera más justa, en donde se incluya a las mujeres indígenas, con discapacidad, de la diversidad de género, así como sus agendas y proyectos de vida. 

Hizo un llamado a que aquellas que ocupan diversos cargos influyan y abonen a favor de que más mujeres participen y tengan confianza en hacerlo para ocupar espacios de toma de decisiones, pero también, dijo, otra parte corresponde a los partidos políticos. 

Por su parte, la consultora internacional y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Macarita Elizondo Gasperín, dijo que la Sala Superior del TEPJF recientemente enarboló resoluciones emblemáticas que establecen que las diferencias socioeconómicas existentes en la sociedad no deben traducirse en diferencias de representación y de posibilidad de acceso a cargos de poder. Agregó que, el correcto ejercicio de los recursos públicos destinados a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres es una vía para garantizar el acceso de estas al espacio público y al pleno ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad. 

 En tanto, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez, planteó la necesidad de construir una pedagogía de género y una ética pública de respeto y reconocimiento a las mujeres, a sus derechos y ámbitos de conducta, tanto en el terreno público como en el privado. En este contexto, detalló que los avances legislativos para reconocer la paridad o las mejoras reglamentarias para impulsar acciones afirmativas y formas de inclusión en favor de las estas deben interpretarse como un mecanismo para echar a andar esa pedagogía de género a nivel social, con la finalidad de formalizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

Finalmente, Khemvirg Puente Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló el avance en materia paritaria en diversos ámbitos, especialmente en los Congresos parlamentarios, es un fenómeno creciente en el mundo.